Parcelaciones rurales: academia enciende alarmas y la justicia endurece sanciones

La explosiva proliferación de parcelaciones rurales a lo largo del país, junto a las irregularidades observadas en torno a este desarrollo inmobiliario, no solo han encendido las alarmas de instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Contraloría, sino que también están protagonizando episodios en la justicia y llamando la atención de la academia.

Así ocurrió con la Universidad San Sebastián (USS), que a través de su Instituto de Políticas Públicas realizó un estudio de la fragmentación rural en la comuna de Puerto Varas.

El trabajo, que en su metodología consideró la utilización de imágenes satelitales y recolección de datos de instituciones públicas, observó que, entre los años 2012 y 2021 (sin contar 2019, ya que los datos aún no están disponibles) se aprobaron 1.267 proyectos de subdivisión en la comuna, lo que corresponde a 28.007 nuevos predios rústicos de unos 5.000 m2

De estos, solo 834 han obtenido un permiso de edificación, mientras todos los restantes se encuentran en comercialización en verde, en obras de urbanización o incluso construidos en distintas etapas.

Lien Rodríguez, ingeniera informática, doctora en Ciencias Ambientales y una de las investigadoras del trabajo, señala que hay áreas que “no están preparadas, que están creciendo y se están convirtiendo en núcleos urbanos”, sin saber si podrán hacerse cargo de materias como el aumento del parque vehicular o la gestión de residuos.

Disputas legales

En la justicia, los casos ligados a parcelaciones se hacen cada vez más frecuentas. Por ejemplo, el 9 de enero, el Tercer Tribunal Ambiental paralizó las obras del proyecto inmobiliario Petrohué Riverside, también ubicado en la zona rural de Puerto Varas y que consiste en una subdivisión de cerca de 320 lotes.

Tras una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que alertó por los daños ambientales, el tribunal prohibió el ingreso de maquinarias, herramientas, materiales y trabajadores a los predios.

Asimismo, este martes el mismo tribunal admitió a trámite una demanda de reparación de daño ambiental contra la Inmobiliaria Pocuro Sur, entre otra cosas, acusándola de causar daños al ecosistema y humedales de la comuna de Puerto Montt.

Más dura fue la determinación de la Segunda Sala de la Corte Suprema que, esta semana, rechazó un recurso de nulidad y confirmó condenas con penas de presidio a tres personas por los delitos reiterados de loteos irregulares y estafas.

Así, Ximena Alicia Burdiles fue sentenciada a dos penas de 10 años de presidio por seis delitos de loteos irregulares y cinco de estafa; Juan Manuel Miranda a 5 años y 8 años de presidio, por cuatro delitos de loteos irregulares y tres de estafa; y Flavio Jaime Edgardo Gómez  a dos penas de 4 años como cómplice de cinco delitos de loteos irregulares y cinco de estafa.

El máximo tribunal sostuvo que los condenados comercializaban terrenos con metraje menor al establecido por la legislación, con destino agrícola y engañando a sus compradores, quienes finalmente no podían inscribir los lotes en el Conservador de Bienes Raíces.

Según la Corte, los desarrolladores tenían oficinas en La Serena, “con agentes y folletos en los que se publicitaban los lotes que se vendían (…) manteniendo en muchos de esos loteos, subdivisiones, calles, alumbrado eléctrico”.

Fiscalización

Mientras el SII ha puesto los ojos en potenciales elusiones tributarias en este tipo de propiedades y Contraloría en la falta de permisos de los terrenos, la Dirección General de Aguas (DGA) también ha reforzado un plan para combatir la extracción no autorizada de aguas.

Así, durante este verano, se está llevando a cabo un plan especial de fiscalización en lagos y lagunas del país, que contempló la adquisición de drones y otros instrumentos para detectar extracciones.

En ese contexto, la DGA de Atacama anunció que, durante 2023, fiscalizaría especialmente a las parcelaciones que consumen aguas subterráneas en el Río Copiapó.

“El desarrollo de parcelaciones en la parte baja del Río Copiapó puede generar una presión en el consumo de los recursos hídricos del acuífero”, declaró el director regional, Rodrigo Sáez.